La última vez que se le preguntó al respecto, el Consejero Electoral Presidente del Instituto Tamaulipeco negó conocer los nombres de quienes se inscribieron a la licitación pública para la adquisición de materiales electorales “y de simulacro” del que, ese día, se abrirían las propuestas por el comité de compras y operaciones patrimoniales por él presidido.
Ahora se sabe que en una sesión extraordinaria y urgente del pleno electoral posterior, celebrada precisamente el martes pasado, se decidió cancelar la licitación de marras, regresarle lo que pagaron por las bases a los concursantes y dejar abierta la posibilidad de una segunda convocatoria para el efecto.
La justificación a la medida se dio en el hecho de que “no tenían dinero”, para hacer las compras a que habían convocado.
Y no lo tenían, porque el gobierno del estado decidió aplazar las ministraciones presupuestales de noviembre y diciembre, no dijeron por qué, pero seguramente sería para “aclarar paradas” en el mar de cuestionamientos desatados por esos campos.
Con la resolución de cancelar el procedimiento de compra, el IETAM tampoco lo transparentó, dejando en la duda quiénes eran los postores.
Lo único que ha reconocido el J.J., GUADALUPE RAMOS CHARRE, es que de las 5 empresas por las que se abrió indagatoria y causaron cese de la Presidenta del Instituto Nacional Electoral GUADALUPE TADDEI, solo a una le ha dado contratos el IETAM en su ejercicio, fue por más de 32 millones de pesos y corresponden al 2021, antes que aquella asumiera la Presidencia del INE.
El hecho es que al menos otras tres de esas empresas también han aparecido en licitaciones, configurando el eventual esquema de simulación detectado a nivel central y dando solidez a la sospecha, también ventilada a nivel nacional, que la estructura general ha pasado por un sistema de corrupción tarnsexenal, desde los tiempos del prianismo, y transinstitucional, que del INE derivó a los OPLEs.
El gobernador tamaulipeco AMERICO VILLARREAL ANAYA ayer fijó un posicionamiento público, en el que se suma y agradece la postura de la Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, explicando el desarrollo histórico de las praxis que desembocaron en el cese de GUADALUPE TADDEI y clamando por una investigación de los presuntos actos ilícitos que involucran, hasta sus últimas consecuencias.
“Con pleno respeto a su autonomía, hacemos un llamado al INE y a todos los organismos electorales estatales, incluido el de nuestro estado, a hacer públicos sus contratos, proveedores, montos, procedimientos de adjudicación y criterios de selección”, se lee en el pronunciamiento.
La autonomía de los entes públicos no es sinónimo de opacidad y menos de impunidad.
Aunque en este proceso se ha sido enfático por desligar de MORENA al origen y encumbramiento de la cuestionada expresidenta del INE, igual, desde el principio, en ese y otros casos similares, se ha dejado en claro que ser parte de, tampoco es sinónimo de tolerancia o impunidad.
El discurso invariablemente se le ha revertido a la oposición, cuando de acusar irregularidades entre algunos apartados del servicio público actuante se ha tratado, para denostar y cuestionar la vigencia del actual proyecto de nación y de Estado.
En cada caso, siempre ha resultado que en su tiempo, PRI y PAN, con sus próceres, han cometido faltas mucho mayores a las que han acusado en la actual clase gobernante y a diferencia de antaño, ahora sí se señalan, investigan y sancionan.
Hablando de aguacates, la chihuahuense Senadora por San Luis Potosí MAKI ESTHER DOMÍNGUEZ, anda haciendo una encuesta.
Quiere saber qué opinan terceras personas sobre esa práctica tan particular de su hijo -de su muy probable inspiración-, el alcalde reynosense (a) MAKITO PEÑA, de pagar con dinero de dudosa procedencia campañas de difamación “contra otras personas”.
Aunque ahora pueden decir que los medios a su servicio se pagan con el presupuesto municipal o subvenciones del Senado, en tratándose de acciones personales -las difamaciones, descalificaciones y ataques contra quienes han adoptado como adversarios políticos- la calificación por necesidad se remite a su peculio.
Y desde que se compraron inmuebles por decenas de millones de pesos, en operaciones que fueron a parar a las fiscalías y juzgados, con investigaciones amplias y sentencias condenatorias, quedó en claro el origen ilegal de los caudales familiares, insostenibles en sus ingresos legales.
Entonces cuando doña MAKI preguntó a través de las redes sociales “qué pensaba que se pidiera dinero a personas involucradas en la delincuencia organizada para pagar medios digitales para difamar a otras personas”, debió hacerlo frente al espejo.
O de perdida frente a frente de su vástago.
¿O alguien -aparte de quienes debían ejecutarla- ya olvidó la orden de aprehensión existente contra el MAKITO?
¿Se ha borrado de la memoria colectiva la denuncia pública de conocidos comunicadores fronterizos a quienes el retoño de aquella y su séquito amagaron, ordenándoles denostar a quienes no son la persona en quien piensan pueden seguir saqueando al pueblo por al menos tres años más, tras cuatro periodos enquistados en la Presidencia Municipal?
Cuando la Senadora tamaulipeca, de Tamaulipas -ella si- OLGA P. SOSA, declinó a atender una pregunta de MAKI -en los términos del protocolo camaral-, seguramente sabría del veneno y la intención de quien no ha podido trascender sino a partir de traiciones, engaños y alianzas inconfesables con reconocidos delincuentes.
Pretender treparse al mercado electoral atacando a la representante de Tamaulipas en el Pacto Federal, con otra más de sus conocidas mentiras y juegos de palabras, sigue ubicando a cada quien en su justa dimensión, en la calificación ciudadana.
