Miriam Vallejano 
Miriam Vallejano/ Red Tamaulipas
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá este martes si revoca o no el último amparo promovido por el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De aprobarse el proyecto de resolución presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quedaría sin efectos la protección federal otorgada por un juez de distrito y recobraría vigencia la orden de aprehensión girada contra el exmandatario tamaulipeco, quien permanece en Estados Unidos desde hace tres años.
El asunto corresponde al Amparo en Revisión 435/2025, en el que se propone declarar constitucionalmente válida la orden de captura y cancelar el amparo que actualmente impide su ejecución.
El proyecto sostiene que la orden de aprehensión cumple con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución, el cual no exige prueba plena ni certeza absoluta sobre la responsabilidad penal del imputado para su emisión.
El criterio que se plantea al Pleno establece que basta con que existan datos que permitan presumir razonablemente la probabilidad de que se cometió un delito y que la persona investigada participó en él, ya que la finalidad de la orden de aprehensión es únicamente asegurar la comparecencia del imputado ante el juez de control en una audiencia inicial.
En ese sentido, se precisa que la orden de captura no constituye una determinación de culpabilidad ni implica una sanción anticipada, sino un acto procesal de carácter preliminar.
Error del juez de distrito
El proyecto también concluye que el Juzgado Octavo de Distrito incurrió en un error de fondo al conceder el amparo, al aplicar criterios de valoración probatoria propios de la etapa de juicio oral a una fase preliminar de investigación.
Según la propuesta, el juez exigió a los datos de prueba una eficacia demostrativa que el sistema penal acusatorio reserva para las etapas de juicio y sentencia, donde rige el principio de contradicción.
Por ello, la ministra ponente considera que la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita es constitucionalmente válida y que el amparo debe ser revocado.
La decisión final quedará en manos del Pleno de la SCJN, cuya votación marcará el rumbo jurídico del proceso penal contra el exgobernador.
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