La primera vez que escuché a una autoridad dolerse de la situación pública reinante, concluí, nada bueno se presentaba.
Fue ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, quien siendo Presidente de la Republica públicamente se quejó ante los ciudadanos de los niveles de corrupción en el servicio público nacional.
Si él se sumaba a los lamentos, entonces, ¿quién iba a dar las respuestas?; su papel no era quejarse, sino castigar y acotar las expresiones de corrupción que se estuvieran dando dentro del poder público del cuál era cabeza.
Su abulia, incapacidad y/o torpeza en el ejercicio del servicio público significó la salida de su partido del ejercicio de ese poder presidencial.
¿Quién mató a MIRIAM RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, la activista sanfernandense que luchaba al lado de otras madres y demás familiares de las personas desaparecidas en Tamaulipas porque se hiciera justicia y se encontrara a los ausentes?
Ella fue la misma a quien le robaron una hija y frente a la "incapacidad" de las autoridades, personalmente investigó y llevó a los policías hasta los responsables, para que confesaran su crimen y dijeran dónde habían dejado el cuerpo.
Fue la misma que en campaña se reunió con el hoy Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, sacando el compromiso de instalar, en los primeros cien días de la administración, un consejo de búsqueda y seguimiento con la participación de las familias víctimas, que no llegó a ver en vida.
Fue, quien hace unas semanas recibió en su tierra a variadas agrupaciones del Estado, de otras regiones del país y de Centroamérica, para repasar la situación y reiterar el reclamo de respuesta a las demandas de localización e identificación de desaparecidos.
Estuvo entre quienes cuestionaron la Ley de Atención a Víctimas del delito, porque dejaba muchos temas al aire y planteaba escenarios hipotéticos incumplibles, al no considerar los techos financieros para su consecución.
Fue la misma que elevó sus temores y solicitó la protección de las instancias estatales, tras la fuga masiva, hace unas semanas, de reos en Victoria, entre quienes iban algunos de los por ella señalados.
Pero no, no se escucharon sus clamores y demandas, evidentemente, tampoco se le protegió y hoy reunida, con su hija igualmente asesinada de manera violenta, el Gobernador y sus colaboradores responsables, salen a proclamar malestar y condena.
¿De verdad ahora si van a hacer justicia?
Lo que fueron a hacer, juntos, el Procurador IRVING BARRIOS, el Secretario General de Gobierno CESAR VERASTEGUI, la Subsecretaria de Legalidad GLORIA ELENA GARZA y el Vocero de Seguridad Pública LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, ante los medios, se podría sintetizar en la célebre frase popular: yo no fui, fue Teté.
Por sobre las gastadas promesas de “se hará justicia”, sus expresiones fueron de justificación: que sí se le dio protección con tres rondines diarios por su casa, “y no más porque hay gente a la que no le gusta que la anden siguiendo”; que el gobierno federal en la investigación sobre los autores de la desaparición y muerte de su hija “no investigaron la parte que les correspondía por delincuencia organizada”, ni tampoco le dieron la protección que a ellos también les había pedido… y cosas por el estilo.
Lo que ayer declaró a media mañana GUILLERMO GUTIÉRREZ RIESTRA, el líder de otro colectivo de familiares buscando a sus desaparecidos, es que sí se solicitó la protección a las mismas Procuraduría, a Seguridad y la General de Gobierno pero no se la dieron, ni a ella, ni a otras cuatro activistas en similar condición de amenaza y riesgo.
¿Recuerda el caso de MARICELA ESCOBEDO ORTIZ, la enfermera que fue asesinada en Chihuahua cuando reclamaba justicia por el asesinato de su hija RUBÍ? Su historia fue noticia y escándalo internacional.
Lo de San Fernando no es mayormente distinto y lo que menos reclama, son justificaciones o reparto de culpas entre autoridades.
En el Tribunal Electoral de Tamaulipas se dio por “buena” la resolución que la Comisión del Comité Ejecutivo Nacional priísta dio al recurso interpuesto por el ingeniero contra la prolongada elección de un nuevo Presidente estatal del partido.
“Se le pidió que resolviera de fondo, que lo hiciera rápido y que nos notificara su fallo, y así lo hizo”, expresó la Magistrada Presidenta MARIA LAURA GARZA ROBLES, sin atreverse a calificar el contenido del resolutivo.
Antes, la instancia partidista declinó emitir un fallo, al considerar el caso extemporáneo; con los mismos argumentos de que aludía a “días calendario, cuando el estatuto marcaba días hábiles”, el fallo ahora fue que resultaba improcedente el recurso.
Tendría que haber otra impugnación del promovente, para que los Magistrados entraran al análisis y calificación de tal fallo, cuando que lo que se reclama es la publicación de la convocatoria para la elección del nuevo Presidente.
Algún as bajo la manga tendrá la instancia partidista para responder a ese eventual reclamo, pues no se ve intención de cambiar pronto a la Presidenta AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, quien tiene tareas asignadas rumbo a la Asamblea Nacional de agosto y las está cumpliendo puntualmente.
Por los rumbos de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupa al magisterio tamaulipeco, su dirigente RIGOBERTO GARCÍA GUEVARA destacó que en las mesas concurrentes a la negociación nacional contractual, en el Estado, aunque no se ventilan los temas salariales, si se buscan las garantías para hacer efectivos los planes y programas.
Confió en que las conquistas históricas, que en el plano local centralmente tienen qué ver con la homologación en las percepciones de las dos zonas que aplican para Tamaulipas y para con los maestros “federalizados” -del Estado-, serán respetadas partiendo del acuerdo nacional, cuyos recursos provienen de la federación pero se aplican a través de la administración local.
Y aunque se corren versiones de un pretendido plan doméstico para reducir la nómina magisterial tamaulipeca hasta en un 20 por ciento, RIGO advirtió que a los trabajadores “concentrados” deberá asignárseles plaza de adscripción y restituirles los salarios que les tienen suspendidos.
“A todos fue la autoridad la que les ubicó y ellos son los responsables de ponerlos donde deben estar”, insistió, al tenor de la advertencia de que el sindicato no permitirá la infiltración de intereses políticos o de cualquier orden, externos.
“¡Ahora sí tenemos líder!”, gritó un maestro que escuchaba la entrevista con los reporteros, ayer, previo al festejo a las madres del sindicato que iba a encabezar RIGO ayer en el SARTET.
Quien anda “negado” con las entrevistas es el Delegado de Gobernación, RABRINDANATH JUAREZ MAYORQUÍN, quien ayer remitió al área de comunicación central, en la capital del país, a los reporteros que pretendían sacarle una declaración.
Estuvo en el evento organizado por el sector partronal capitalino, donde el comisionado del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción LUIS MANUEL PEREZ ACHA, advirtió que Tamaulipas se encuentra entre los estados que no alcanzarán a implementar, en tiempo y forma, las nuevas leyes y estructuras para acotar la corrupción en las instancias estatales.
Con un alto contenido social, en Victoria capital el alcalde OSCAR ALMARAZ SMER entregó y supervisó trabajos de construcción de pisos de concreto para las viviendas de 50 familias de muy escasos recursos en populosas colonias.
El edil dialogó con los beneficiados y reiteró su compromisos, entre el vecindario, se intensificar gestiones y decisiones de política -como las que ahí concurrieron con el apoyo de la SEDESOL federal- para seguir mejorando sus condiciones de vida, mejorando viviendas, calles y áreas verdes, así como la construcción de un comedor comunitario, ya proyectado.