Altamira, Tam.- La diputada federal de Morena, Blanca Araceli Narro Paname\u00f1o, present\u00f3 una iniciativa de reforma al C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales para permitir que cualquier Ministerio P\u00fablico del pa\u00eds pueda actuar de manera inmediata cuando una ni\u00f1a, ni\u00f1o o adolescente sea v\u00edctima de un delito grave, aun cuando los hechos hayan ocurrido fuera de su jurisdicci\u00f3n territorial.<\/p>\n\n\n\n
La propuesta plantea adicionar un art\u00edculo 211 Bis al C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales con el objetivo de evitar retrasos en la atenci\u00f3n de menores v\u00edctimas de violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica o sexual, as\u00ed como garantizar la preservaci\u00f3n de pruebas, la atenci\u00f3n m\u00e9dica y psicol\u00f3gica urgente y la protecci\u00f3n integral de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n
Actualmente, la legislaci\u00f3n procesal penal establece reglas de competencia territorial para las fiscal\u00edas, situaci\u00f3n que en algunos casos puede generar cuestionamientos sobre la validez de actuaciones realizadas por autoridades distintas a las competentes para conocer formalmente de una investigaci\u00f3n. La iniciativa busca subsanar ese vac\u00edo normativo mediante una disposici\u00f3n expresa que permita actuaciones urgentes de protecci\u00f3n cuando est\u00e9n involucrados menores de edad.<\/p>\n\n\n\n
La legisladora sustenta su propuesta en un criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n al resolver el Amparo en Revisi\u00f3n 667\/2023, relacionado con una investigaci\u00f3n por presunto abuso sexual contra menores. En ese caso, la Corte determin\u00f3 que las autoridades ministeriales tienen la obligaci\u00f3n constitucional de recibir denuncias y recabar pruebas urgentes para proteger a las v\u00edctimas, independientemente del lugar donde se haya cometido el delito.<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa cobra relevancia en un contexto donde la violencia contra ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes contin\u00faa siendo una problem\u00e1tica persistente en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
Datos citados en la exposici\u00f3n de motivos se\u00f1alan que el 31.6 por ciento de las adolescentes mexicanas de entre 15 y 19 a\u00f1os report\u00f3 haber sufrido alg\u00fan tipo de violencia durante la ni\u00f1ez. De ese universo, el 20.4 por ciento sufri\u00f3 violencia f\u00edsica, el 11.6 por ciento violencia emocional y el 10.2 por ciento violencia sexual. Adem\u00e1s, el 7.7 por ciento declar\u00f3 haber sido v\u00edctima de tocamientos sexuales durante la infancia.<\/p>\n\n\n\n
La misma iniciativa refiere que durante 2022 la tasa de violencia intrafamiliar alcanz\u00f3 31.5 casos por cada cien mil ni\u00f1as de entre 10 y 14 a\u00f1os y 92.5 casos por cada cien mil adolescentes de entre 15 y 19 a\u00f1os. Ese mismo a\u00f1o, M\u00e9xico registr\u00f3 6 mil 188 muertes violentas de personas menores de 18 a\u00f1os, seg\u00fan estad\u00edsticas oficiales citadas en el proyecto legislativo.<\/p>\n\n\n\n
En Tamaulipas, organismos de protecci\u00f3n a la infancia han advertido en distintas ocasiones sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y atenci\u00f3n temprana para menores v\u00edctimas de violencia familiar, abuso sexual y otros delitos, particularmente en municipios fronterizos y zonas urbanas donde los casos suelen presentar altos niveles de subregistro.<\/p>\n\n\n\n
La propuesta de Narro Paname\u00f1o establece que el Ministerio P\u00fablico podr\u00e1 recibir denuncias, realizar entrevistas, ordenar valoraciones m\u00e9dicas y psicol\u00f3gicas, recabar pruebas periciales y ejecutar diligencias urgentes para proteger a los menores, aun cuando posteriormente la carpeta de investigaci\u00f3n deba ser remitida a la fiscal\u00eda territorialmente competente.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, prev\u00e9 que la falta de competencia territorial no sea motivo para invalidar las actuaciones realizadas cuando tengan como finalidad la protecci\u00f3n inmediata de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes v\u00edctimas de delito.<\/p>\n\n\n\n
La diputada morenista argumenta que la ausencia de una disposici\u00f3n espec\u00edfica genera incertidumbre jur\u00eddica tanto para las v\u00edctimas como para las fiscal\u00edas y los \u00f3rganos jurisdiccionales, situaci\u00f3n que puede traducirse en obst\u00e1culos para el acceso efectivo a la justicia y en riesgos de revictimizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
De ser aprobada por el Congreso de la Uni\u00f3n, la reforma incorporar\u00eda de manera expresa al C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales un est\u00e1ndar de actuaci\u00f3n basado en el inter\u00e9s superior de la ni\u00f1ez y en los criterios establecidos por la Suprema Corte, obligando a las autoridades ministeriales a privilegiar la protecci\u00f3n inmediata de los menores por encima de conflictos de competencia territorial.<\/p>\n\n\n\n
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