Dora De La Cruz 
Llamar embarazos infantiles, en lugar de violación, invisibiliza los abusos a niñas y la cadena de delitos cometidos, las omisiones, que con el nacimiento provocan infancias interrumpidas, en un sistema que está fallando a una población que debería estar protegida desde la familia y por todo el sistema institucional involucrado en la defensa de las menores; pero las cifras de casos, apuntan a que lo que falta más que leyes y estrategias, es lo que se llama “voluntad política”, para actuar con toda la fuerza del estado mexicano, en la prevención, atendiendo a la población que es el futuro de este país.
El pasado 26 de septiembre, se celebró en México el Día Nacional para la Prevención del Embarazo No planificado en Adolescentes y las cifras que se dieron a conocer, son verdaderamente preocupantes; en el 2025, 7 mil 887 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres en México, es decir, en ningún hospital, clínicas privadas, o públicas, se aplicó la ruta de atención y protección de una víctima de abuso, que requiere atención médica inmediata, incluida la anticoncepción de emergencia, cuando corresponda; en el primer contacto, tras haber sido víctima de abuso, activar las alertas, informar el acceso a la interrupción legal del embarazo conforme al marco legal y notificar a la Fiscalía para que se investigue el caso, como abuso.
Las cifras del 2025, evidencian la cadena de omisiones que permitieron que las menores, se convirtieran en madres y en muchos casos, que los agresores quedaran en la impunidad . Esto pone en evidencia que la protección a las niñas y adolescentes está fallando, con un costo alto para las víctimas.
Esta semana, se anunció la estrategia nacional “Alto al embarazo de niñas menores de 15 años”, que se aplicará en los 32 estados del país; entre las acciones que se proponen, al menos las más importantes son que todos los casos de las niñas que acudan a un hospital con embarazo, sean investigados como probable delito, sancionar a los agresores y reparar integralmente el daño, aplicar la ruta para la atención, protección y detección temprana en escuelas y clínicas, así como el acceso efectivo a la justicia sin revictimización; sin embargo, además de estas acciones y un presupuesto que se debe etiquetar, es necesario la capacitación a personal médico y enfermeras, para que se cumpla con la norma y no se quede solo en atención médica los casos.
Los embarazos forzados en menores de edad llegó hasta Palacio Nacional, donde se expusieron casos alarmantes registrados en distintos estados del país. Niñas víctimas de violencia sexual, que no recibieron oportunamente la atención establecida en los protocolos de emergencia y terminaron convirtiéndose en madres.
La estrategia nacional contra la violencia sexual infantil, y la erradicación de embarazos adolescentes, anunciada por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, será política nacional que compromete a todos los gobiernos estatales y municipales, a movilizarse en las acciones, con el objetivo de ponerle un alto a los abusos contra las menores.
En Tamaulipas las cifras del 2025, registran siete embarazos de menores de 15 años y en en este año, se documentó un caso de una niña de once años, que se convirtió en referente nacional por la aplicación de los protocolos, se tomaron las medidas necesarias, incluida la interrupción del embarazo y se actuó contra el agresor, que finalmente fue detenido y vinculado a proceso por abuso.
Algunos casos de niñas abusadas, no están en las cifras oficiales, porque no se documentan en los hospitales, pero además, hay personal médico que normaliza un embarazo en menores de edad, lo que implica que no acceda a sus derechos.
Cuando una niña es vista como una menor embarazada y no como una posible víctima, su contexto familiar y las autoridades terminan favoreciendo al agresor, como pasa en algunos casos; el silencio nunca debe ser la opción frente al abuso de una niña.
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