Quiere el PAN eliminar Ley de imprenta

Por HOY Servicios Informativos 03/10/2018 04:10:47.
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CD. VICTORIA, Tamaulipas.- La fracción mayoritaria panista en el Congreso Local, durante su sesión plenaria de este miércoles, presentó una iniciativa para la abrogación de la Ley de Imprenta de Tamaulipas.

La justificación de la promovente, expuesta por la diputada Brenda Georgina Cárdenas Thomae, señala que solo hay otra ley estatal sobre la materia a nivel nacional, en el Estado de Yucatán; los derechos de los comunicadores se encuentran considerados en otros ordenamientos jurídicos y integración de un jurado para tratar los delitos de la prensa “es obsoleto”.

El mismo ordenamiento jurídico, a instancias del propio Partido Acción Nacional fue reformado en abril de este año en su artículo tercero, exceptuando del amparo de la legislación a los autores o editores que no se constituyan responsables de sus publicaciones con firma o pie de imprenta cuando no se indique la autoría de lo publicado.

La Ley de Imprenta de Tamaulipas en su artículo primero establece que “ninguna persona aun cuando esté revestida de la mayor autoridad, ni ninguno de los Poderes del Estado, puede coartar en cualquier forma, sea por actos, leyes o decretos, la libre manifestación de las ideas, ya se emitan por medio de la palabra, de la escritura o de la imprenta, o en cualquiera otra forma actualmente conocida o que en el porvenir se invente o descubra. La manifestación de las ideas es un derecho inviolable y quien intente coartarlo o imponerle la menor restricción comete un delito sujeto a las sanciones que esta Ley establece”.

En su artículo quinto advierte que “los funcionarios que establezcan censura a las publicaciones o representaciones, o exijan fianza a los impresores o autores, sufrirán la pena de dos a seis años de prisión, multa de mil a diez mil pesos, privación de empleos y honores e inhabilitación de derechos políticos, por diez años”.

En su artículo séptimo además precisa: Las personas que secuestren una imprenta o cualquier aparato que sirva para la manifestación de las ideas, o lo destruyan o deterioren, sufrirán una pena de dos a seis años de prisión y una multa de mil a diez mil pesos. Si quien ejecute dichos actos fuere funcionario público o empleado del Gobierno, las penas mencionadas se elevarán al máximum establecido, quedando además los autores del delito inhabilitados en el ejercicio de sus derechos políticos y para desempeñar empleos o puestos públicos por diez años quedando a salvo los derechos del perjudicado para exigir a quien corresponda la responsabilidad civil respectiva. No quedan comprendidos en esta prescripción los embargos provenientes de deudas de carácter civil.

Y el octavo rúbrica: Los funcionarios públicos, o los empleados públicos que so pretexto de denunciar por delito de prensa o de cualquier manifestación de las ideas encarcelen a los periodistas, a los expendedores, papeleros, operarios o empleados de cualquier empresa periodística, teatral o de cualquiera otra clase, dedicada a la emisión de las ideas, serán inmediatamente destituidos del cargo o del empleo, inhabilitándoseles por diez años para el ejercicio de los derechos políticos, e inhabilitándoseles por el mismo término para el desempeño de cualquier empleo, puesto público, y sufrirán además una pena corporal de dos a seis meses de prisión y multa de mil a tres mil pesos.

Es el onceavo artículo el que alude a los jurados cuestionados: Los delitos cometidos por medio de la imprenta, serán juzgados en todo caso por un Jurado Popular, excepción hecha de los que se cometan por medio de las producciones a que se refiere la parte final del artículo 3º de la presente Ley.