CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Es urgente la implementación en Tamaulipas del nuevo sistema de justicia laboral, y que este pase al poder judicial, ya que en la actualidad persisten los mismos vicios y prácticas de corrupción en las juntas de conciliación y arbitraje, son lentos y costos los procesos que se llevan, sostuvo Luis Torre Aliyan presidente de la Confederación Patronal Mexicana en Victoria.

Consideró que va muy lento el proceso de desaparición de las Juntas de Conciliación y de implementación de la Justicia Laboral al poder judicial, y no solo por cuestiones técnicas, sino también económicas al no definirse el esquema de recursos con el que operara el nuevo sistema en el poder judicial su propio presidente ha reconocido la falta infraestructura.

Dijo que por el lado técnico falta capacitación y el cómo capacitar a los operadores del nuevo sistema de justicia laboral si todavía no hay un código jurídico que establezca los procesos nuevos, si es que habrá procedimiento nuevo, de hecho no hay oportunidad para la capacitación dado que hay leyes que faltan no hay infraestructura suficiente todavía y por esas dos razones me atrevo a decir que seguramente habrá una prórroga en el congreso de la unión para que se implemente el nuevo sistema.

Los transitorios de la reforma establecían que a principios del 2018 ya debería estar en funciones la justicia laboral en el poder judicial pero al paso que va se ve difícil.

"En Tamaulipas es necesario que se dé el campo nosotros pugnamos porque no halla prórroga y porque se gestione que si se cumpla con el plazo de que pase en enero del 2018 el sistema de justicia laboral al poder judicial" advirtió el líder del sindicato patronal.

En las Juntas de Conciliación y Arbitraje, afirmó sigue habiendo vicios que tienen que ver con la falta de profesionalización del personal que imparte la justicia labora, casos de corrupción, falta de capital humano y de mobiliario.

Denuncio que los procesos actuales van muy lentos pasan por el procedimiento ordinario laboral, el problema es que la ley establece ciertos tiempos que no se cumplen por la autoridad laboral y esto hace que se genere un mayor costo en perjuicio de los patrones.